Los padres relacionados con nueve víctimas asesinadas en el tiroteo en la iglesia de Sutherland Springs el 5 de noviembre presentaron una demanda legal ayer contra la Fuerza Aérea de EE. UU., acusándola de negligencia por no informar los antecedentes penales del pistolero Devin Kelley.
El reclamo administrativo, que se presentó directamente ante la Fuerza Aérea en Washington, dice que el ejército actuó de manera negligente al no informar los antecedentes penales a una base de datos federal que le habría impedido comprar legalmente un arma de fuego. Es el primer reclamo legal de este tipo en el caso.
Kelley mató a 26 personas e hirió a más de 20 en la Primera Iglesia Bautista en la ciudad de Texas.
La Fuerza Aérea dijo en un comunicado que no hizo comentarios sobre reclamos específicos. «Cada reclamo que se presenta se procesa e investiga minuciosamente de acuerdo con las leyes y regulaciones establecidas», dijo Ann Stefanek, una vocera de la Fuerza Aérea.
El reclamo fue presentado por Joe y Claryce Holcombe, padres de Bryan Holcombe, quien recibió un disparo mortal en la espalda mientras caminaba hacia el púlpito de la iglesia para dirigir la adoración de la congregación, según la presentación.
La pareja de San Antonio perdió a nueve familiares en el tiroteo.
El reclamo presentado ayer es el primer paso que deben dar los demandantes si quieren demandar a una entidad del gobierno de los Estados Unidos. Se puede presentar una demanda seis meses después, tiempo durante el cual el gobierno puede investigar las acusaciones y ofrecer un acuerdo.
Los expertos legales han dicho que la Fuerza Aérea no podría reclamar inmunidad federal en el caso, pero advirtieron que cualquier demanda enfrentaba una batalla cuesta arriba prolongada sobre cuestiones legales específicas.
Kelley fue condenado hace cinco años por una corte marcial general por agredir a su entonces esposa e hijastro mientras estaba en la Fuerza Aérea, delitos que hacían ilegal que él poseyera un arma de fuego.
La Fuerza Aérea dijo en un comunicado el 7 de noviembre que no ingresó esa información en una base de datos federal utilizada en las verificaciones de antecedentes para la compra de armas de fuego, algo que estaba legalmente obligado a hacer.
Ayer, la Fuerza Aérea dijo que hubo al menos ‘varias docenas’ de casos de delitos graves que involucraron a su personal que no informó a la base de datos federal.
Representantes del servicio dijeron al New York Times que el caso Kelley «no fue un incidente aislado».
La revisión de la Fuerza Aérea encontró que, desde 2002, no se abordaron 60.000 incidentes masivos que involucraron a aviadores que ‘potencialmente’ merecían su inclusión en la base de datos, según el New York Times.
Información adicional de Reuters.
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